Panamá atraviesa un momento decisivo. La clausura de la mina más importante del país no solo ha cerrado un capítulo polémico de nuestra historia reciente, sino que ha abierto un abismo económico cuyas consecuencias apenas comienzan a sentirse. El impacto no es teórico: ya afecta empleos, inversión, recaudación fiscal y hasta la confianza en el país como destino productivo y financiero.
La mina representaba más del 3.5% del PIB nacional, más de 8 mil empleos directos e indirectos, más de 400 millones de dólares en aportes al Estado y un motor vital para cientos de negocios en áreas rurales. Hoy todo eso está detenido. En un país con alto desempleo, informalidad y una deuda pública que supera los 50 mil millones de dólares, ignorar esa realidad es irresponsable.
Pero también sería irresponsable ignorar el clamor legítimo del pueblo panameño que se manifestó masivamente en defensa del ambiente, de la soberanía y del respeto al marco legal. No se puede volver atrás como si nada hubiera pasado.
Entonces, ¿qué hacer?
La respuesta no está en los extremos.
Panamá no puede darse el lujo de caer en la pobreza por populismo ambiental, ni puede vender su suelo al mejor postor sin ética ni control.
Es hora de trazar una nueva hoja de ruta para la minería responsable.
Una donde el Estado tenga verdadera capacidad de supervisión ambiental, donde los contratos sean públicos, transparentes y justos, donde las comunidades participen y se beneficien, donde el desarrollo no signifique destrucción.
Una reapertura de la mina con nuevas condiciones, nuevos actores, licitación internacional abierta, cláusulas claras de protección ambiental, auditorías independientes, consultas ciudadanas reales y con un plan nacional que reinvierta las ganancias en educación, agua potable, salud e innovación.
No es un sueño. Países como Chile, Noruega o Canadá han sabido hacerlo: explotan sus recursos sin regalar su soberanía, sin destruir su naturaleza y sin dejar en la miseria a su pueblo.
El Presidente José Raúl Mulino tiene ante sí uno de los mayores retos de su mandato: reactivar la economía sin claudicar ante intereses oscuros. Y tiene también la oportunidad de ser quien equilibre de una vez por todas el desarrollo y el medio ambiente. La mina debe ser parte del futuro de Panamá, pero bajo condiciones del siglo XXI, no del siglo XIX.
Abramos el debate. Reabramos el futuro.
Pero nunca cerremos los ojos a la realidad.