IMPACTO PANAMÁ
Resumen: Balbina Herrera, secretaria general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), se enfrenta a la dirección nacional de su colectivo tras ser censurada por cuestionar las reformas al Código Electoral. El núcleo del conflicto reside en los artículos 100 y 101, que proponen cambios significativos en la representación legal y la elección de nóminas internas del partido. Herrera argumenta que estas medidas no fueron discutidas internamente y vulneran la autonomía organizativa, invocando incluso principios constitucionales.
La política panameña vive un momento de tensión interna. ¿Se trata de una disputa por el poder o de una defensa legítima de los estatutos?
Balbina Herrera ha roto el silencio ante la resolución del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que la desautorizó. Su defensa es clara: las reformas propuestas —específicamente los artículos 100 y 101— carecieron de debate previo en las instancias correspondientes.
El punto de fricción: cambios estatutarios por vía legislativa
El desacuerdo no es menor. Los cambios propuestos en la reforma electoral alteran la arquitectura de poder del PRD. Aquí los detalles clave:
| Artículo | Situación Actual | Reforma Propuesta |
|---|---|---|
| 100 | Representación legal en Secretaría General | Traslado a la Presidencia del partido |
| 101 | Elección abierta de nóminas | Listas cerradas sin minorías |
Herrera sostiene que estos cambios no pueden imponerse mediante una reforma legal sin pasar por el filtro del Directorio Nacional o el Congreso del partido. Recuerda, además, que intentos similares fueron rechazados en 2015 y 2016.
¿Autonomía o rebeldía?
La dirección del PRD alega que Herrera presentó como institucional una postura personal. Ella responde invocando el artículo 138 de la Constitución, señalando que la organización interna de los partidos debe ser democrática y autónoma. ¿Puede una ley alterar unilateralmente quién ostenta la representación legal de un colectivo político?
La secretaria general insiste en que su carta a la bancada fue un procedimiento estándar frente a una amenaza a la estructura partidaria. Al fin y al cabo, su función es proteger las bases, no solo gestionar el día a día administrativo.
La verdad es que este debate trasciende a los protagonistas. Pone sobre la mesa una pregunta incómoda para todos los partidos políticos: ¿Hasta dónde llega la injerencia legislativa en la vida interna de las organizaciones?
Seguiremos observando cómo evoluciona esta confrontación, que promete marcar la agenda política del PRD en los próximos meses.
