El Gobierno solicitó este jueves ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aproximadamente $50 millones adicionales para cubrir la alimentación de los privados de libertad, una petición que vuelve a colocar bajo escrutinio el millonario negocio de los servicios penitenciarios.
La solicitud genera interrogantes debido a que el servicio de alimentación en importantes centros penitenciarios del país se encuentra contratado con el Consorcio Panameño de Alimentación (Copali), empresa vinculada a un contrato de aproximadamente $209.6 millones por seis años para atender la alimentación de privados de libertad, custodios y personal policial.
La pregunta que surge ahora es clara: ¿por qué son necesarios otros $50 millones para alimentación si ya existe un contrato multimillonario destinado precisamente a ese servicio?
Aunque deberá conocerse el detalle presupuestario para determinar cuánto de los nuevos recursos terminará destinado directamente a Copali, la solicitud vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de transparencia en el manejo de los fondos destinados al sistema penitenciario.
La Comisión de Presupuesto tendrá ahora la responsabilidad de examinar y justificar cada dólar solicitado.
IMPACTO PANAMÁ