IMPACTO PANAMÁ
Más allá del escándalo penal, la verdadera factura podría llegar al balance financiero del banco.
La Operación Pandora dejó de ser únicamente una investigación por presunta corrupción dentro de la Dirección General de Ingresos. Hoy también representa una seria prueba para el sistema financiero panameño. Mientras el Ministerio Público avanza con una investigación que incluye confesiones y testimonios sobre el presunto mecanismo utilizado para generar créditos fiscales irregulares, surge una pregunta inevitable: ¿qué ocurrirá con quienes terminaron comprando esos activos?
Si los créditos fiscales adquiridos por una entidad bancaria son finalmente declarados inválidos por provenir de un fraude, el impacto trasciende el ámbito judicial. El activo desaparece. Lo que en un momento representó un beneficio financiero pasa a convertirse en una pérdida potencial, obligando a revisar balances, realizar provisiones y absorber un golpe que puede sentirse directamente en las utilidades del ejercicio.
En ese contexto, el BAC enfrenta un escenario que los analistas financieros no pueden ignorar. No se trata únicamente de un riesgo reputacional por aparecer mencionado en un caso de enorme exposición pública. El verdadero desafío podría encontrarse en sus estados financieros. Si parte de los créditos fiscales adquiridos resultan definitivamente improcedentes, el banco tendría que enfrentar las consecuencias contables y económicas que ello implique.
Las cifras hablan por sí solas. Una operación de esta magnitud no representa un error menor. Son decenas de millones de dólares que podrían comprometer flujos de caja, alterar proyecciones de rentabilidad, obligar a registrar provisiones extraordinarias y aumentar significativamente los costos legales derivados de la defensa y recuperación de activos. Todo ello ocurre mientras la institución enfrenta el inevitable escrutinio de reguladores, inversionistas y clientes.
Pero el dinero no es el único problema.
En la banca, la confianza vale más que cualquier activo financiero. Durante décadas, las instituciones invierten millones en construir una reputación basada en seguridad, cumplimiento y control de riesgos. Sin embargo, basta un solo caso de alto perfil para poner en tela de juicio los procesos de debida diligencia y la capacidad de detectar operaciones que nunca debieron ingresar al sistema.
La gran incógnita ya no es únicamente quién creó los presuntos créditos fiscales fraudulentos. Esa parte de la investigación avanza y será la justicia la que determine las responsabilidades individuales. La pregunta que ahora cobra fuerza es otra: ¿funcionaron correctamente los controles antes de adquirir esos activos?
Si la respuesta es sí, el banco tendrá la oportunidad de demostrar que actuó como un tercero de buena fe. Si la respuesta es no, el costo puede ser mucho más alto que una pérdida económica.
Porque los balances financieros se corrigen.
La confianza del mercado, muchas veces, tarda años en recuperarse.
